Los vigilantes en la mira: tecnologías para el control político en Venezuela

En Venezuela, la infraestructura de vigilancia opera como un sistema de control autoritario de amplio alcance que trasciende tecnologías individuales y actores institucionales, incluso luego del 3 de enero de 2026.

La investigación centrada entre octubre de 2023 y enero de 2026, inmediatamente después de la captura de Nicolás Maduro, revela un análisis detallado de las tecnologías de vigilancia que han sido usadas durante ese gobierno y que continúan aún hoy bajo la administración de Delcy Rodriguez: monitoreo en video, interceptación de telecomunicaciones, ciberpatrullaje y ciberataques.

Entre los hallazgos clave del estudio se encuentra el hecho de que el sistema de respuesta VEN911, integrado con redes de circuito cerrado de televisión (CCTV), ha servido como un arma de control político, al identificar y localizar a disidentes. De igual forma la interceptación de telecomunicaciones a gran escala; el monitoreo de redes sociales y ciberpatrullaje; el uso de aplicaciones móviles configuradas desde el Estado como el Sistema Patria y VenApp; registros sistemáticos e incautaciones de dispositivos electrónicos en puestos de control y centros de detención; operaciones de vigilancia con drones y sofisticados ciberataques que incluyen campañas de phishing y un probable despliegue de software malicioso.

Este ecosistema de vigilancia ha costado más de mil millones de dólares y, según el análisis, permite la expansión de sistemas integrales de control autoritario que facilitan la represión sistemática de unas 27 millones de personas. La vigilancia estatal de Venezuela configura severas restricciones del espacio cívico y límites al ejercicio de los derechos humanos.

Panel discusión de los hallazgos

Para el lanzamiento, los autores del informe discutieron los hallazgos del reporte y el impacto de la vigilancia estatal en los derechos humanos. Estuvieron junto a Gina Romero, relatora especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Libertad de Asociación y Reunión Pacífica, y Bill Marczak, investigador senior del Citizen Lab.