El acceso a internet, la libertad de expresión en línea y la privacidad son condiciones esenciales para:

  • El debate público informado,
  • La participación política,
  • El ejercicio del periodismo,
  • La rendición de cuentas, y
  • La defensa de otros derechos humanos.

La negación o restricción de estos derechos afecta directamente la posibilidad de construir una democracia real y sostenible.

Cualquier proceso serio de transición democrática en Venezuela debe colocar el entorno digital en el centro de la agenda, no tratarlo como un aspecto técnico o secundario.

Una transición genuina y duradera requiere desmontar la censura en internet, eliminar la vigilancia y la interceptación de comunicaciones sin controles, y cesar la criminalización de la expresión en línea. Solo así será posible restituir garantías y recuperar derechos.

El país no podrá estabilizarse ni avanzar si persiste la maquinaria represiva que, desde hace años, viola derechos humanos de forma masiva y sistemática. Esta deuda del Estado venezolano incluye:

  • El bloqueo arbitrario de al menos 60 medios de comunicación en internet.
  • La ausencia de garantías legales para la privacidad y la protección de datos.
  • La vigilancia sin control judicial ni mecanismos de transparencia.
  • La persecución penal y administrativa por expresiones en redes sociales.
  • El uso de tecnologías con fines de control social y político.

Estas prácticas no solo vulneran derechos individuales, sino que deterioran estructuralmente el espacio cívico y socavan cualquier posibilidad de recuperación democrática.

Para avanzar hacia garantías reales en el entorno digital, es indispensable:

  • Eliminar las sanciones penales por expresiones en línea.
  • Proteger a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
  • Adoptar un marco legal claro, independiente y acorde con estándares internacionales sobre privacidad y protección de datos personales.
  • Prohibir la vigilancia masiva.
  • Garantizar transparencia sobre tecnologías adquiridas y utilizadas por el Estado.
  • Derogar normativas ambiguas o incompatibles con los derechos humanos.
  • Crear instituciones independientes de control y supervisión.
  • Sancionar efectivamente a funcionarios que vulneren derechos fundamentales.

Recuperar las libertades pasa por desmantelar la censura, la vigilancia y el control en internet.