Caracas, 27 de junio de 2025 – En el marco del Día del Periodista, VE sin Filtro alerta sobre el aumento de los ataques digitales dirigidos contra periodistas en Venezuela, una tendencia que ha puesto en riesgo su integridad personal y el derecho a informar y ser informado en libertad.

Durante el último año, desde el programa VE sin Filtro hemos documentado un incremento sostenido en las agresiones digitales personalizadas: hackeos de cuentas, campañas de suplantación de identidad, vigilancia en línea, y un patrón sistemático de acoso, amenazas y hostigamiento a través de redes sociales y plataformas digitales.

La violencia digital se ha convertido en una herramienta para silenciar, desacreditar y perseguir periodistas por su labor informativa.

Uno de los patrones más alarmantes identificados es la judicialización de periodistas por el contenido que publican en sus redes sociales, incluso cuando estos materiales son parte de su cobertura informativa. Pero la situación se agrava: en los últimos meses hemos documentado casos donde periodistas han sido citados a declarar o judicializados por los comentarios que terceras personas realizan en sus publicaciones. Contamos un caso en Caracas y otro en Los Teques, estado MIranda, pero no podemos asegurar que sean los únicos.

Las autoridades intentan responsabilizar a los periodistas por presuntas expresiones de “odio” vertidas por usuarios en secciones de comentarios, atribuyéndoles a los comunicadores la moderación o el control de esos espacios. Se trata de un peligroso precedente para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en entornos digitales.

Este mecanismo de intimidación convierte la labor informativa en un terreno de alto riesgo legal, donde una simple publicación en Instagram, X o Facebook puede derivar en sanciones, imputaciones o citaciones judiciales injustificadas.

Hemos encontrado en los últimos años casos de suplantación y campañas de desinformación; hackeos e intentos de phishing; obligación a eliminar material de cámaras y teléfonos móviles; la revisión sin base legal del contenido de teléfonos; bloqueos y ataques contra las páginas web de los medios donde trabajan; y, violencia de género en línea contra mujeres periodistas que enfrentan acoso sexualizado, amenazas con divulgar información personal y chantajes digitales.

Esta forma de violencia digital ocurre en un entorno marcado por la censura, el bloqueo sistemático de medios y la criminalización del ejercicio periodístico. En este escenario, el espacio digital —antes considerado un refugio— se ha transformado en un nuevo campo de agresión, vigilancia y control judicial.

El ejercicio del periodismo en Venezuela es cada vez más desafiante. La labor que ejercen es esencial para garantizar el acceso a derechos de manera colectiva, no solo el derecho a la libertad de expresión e información. Los periodistas. Desde VE sin Filtro, les instamos a asumir con responsabilidad las medidas de autoprotección digital, física y emocional para que puedan seguir haciendo su trabajo de manera segura. El compromiso con la verdad debe ir de la mano con el compromiso de cuidarse a ustedes y a sus fuentes.

Este 27 de junio, cuando se celebra el día del periodista, es propicio exigir al Estado:

  • El cese de la vigilancia digital arbitraria como mecanismo de monitoreo contra periodistas y medios independientes. Más aún si no existe orden judicial y no cumple principios de legalidad.

  • Investigaciones independientes e imparciales sobre los ataques digitales contra periodistas, especialmente aquellos donde existan indicios de participación o encubrimiento por parte de cuerpos de seguridad del Estado.

  • Que los cuerpos policiales y de inteligencia se abstengan de realizar detenciones arbitrarias, incautaciones de equipos, revisión de dispositivos, interceptación de comunicaciones privadas o allanamientos, sin orden judicial.

  • Que el sistema judicial evite el uso de figuras penales vagas o desproporcionadas como incitación al odio, terrorismo o delitos informáticos, para perseguir a periodistas.

  • Implemente políticas públicas de protección a periodistas en riesgo, incluyendo garantías para el resguardo de su información, confidencialidad de sus fuentes, y asistencia en caso de amenazas o persecución.

  • La publicación de información sobre los procedimientos judiciales y administrativos que involucren a periodistas y medios de comunicación.

  • Promover marcos legales que fortalezcan la protección de datos personales, el uso libre de tecnologías y la privacidad digital de periodistas, en consonancia con los estándares internacionales.